domingo, 7 de junio de 2020, 12:36
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La trampa mortal de los más vulnerables frente al coronavirus

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National Geographic de fecha 29/IV/2020

National Geographic de fecha 29/IV/2020


Como si se tratara de una terrible pesadilla de la que querríamos despertar, aún cuesta asumir lo que estamos experimentando desde la explosión de la bomba vírica llegada desde China. El incendio que ha propagado el coronavirus, sus insalvables consecuencias y las medidas extraordinarias de prevención accionadas para contrarrestarlo, son reales y están aquí.


Ante las evidencias inexorables con la prórroga del confinamiento y la desescalada atisbándose en el horizonte, inducen a un deterioro irrevocable con sensaciones incrementadas por el escepticismo que lo acorrala todo. Predominando dudas e interrogantes que agrandan la perturbación. Si a ello se le añade el impacto económico de la enfermedad, se aglutinan los elementos necesarios para que estemos irritables ante lo que está por llegar.

Si bien, queda mucho por conocer sobre los factores de riesgo que recrudecen la marcha del coronavirus, las principales instituciones médicas han divulgado ‘Guías de Urgencia’ sobre las afecciones y condiciones previas, que conllevarían a ver la cara más sombría de la pandemia. Aparte de la edad avanzada, la Organización Mundial de la Salud, subraya que no hay que bajar la guardia con los males respiratorios crónicos, coronarios y el cáncer o la diabetes. Actualmente, en la aldea global se contabilizan 1.700 millones de personas con al menos algún padecimiento, que empeorarían en este entorno epidemiológico. No repercutiendo exclusivamente en los mayores, al constatarse que una cuarta parte poblacional en edad de trabajar, tiene alguna patología que le atenúa ante el virus. 


Quienes así lo fundamentan, creen indispensable identificar a los que lo padecen y concretar el riesgo extra de cada patología, previniendo a los más expuestos antes del desconfinamiento e incluso, priorizarlos en la asignación de las futuras vacunas.


Sabemos, que el coronavirus es un virus repentino, tanto por su potencialidad para hacerse sentir, desenvolverse y enfermarnos, como por su magnitud de difundir información. Indudablemente, somos testigos de una anomalía compleja desde el punto de vista sanitario y probablemente, por vez primera, con nuestro granito de aportación estemos emitiendo en vivo y en directo una epidemia.


En el nuevo paradigma que acarrea el contexto contemporáneo, no podría esperarse menos de una propagación como la causada por el coronavirus SARS-CoV-2, pero, entre tanto vértigo desde de su irrupción, también confluye la tardanza en ciertas decisiones. Tal vez, esta apatía se relacione con el enlentecimiento inseparable del envejecimiento. Precisamente, una de las peculiaridades de la longevidad es la inanición en algunas de sus funciones orgánicas, pero, lógicamente, no van por ahí los tiros de lo que pretendo fundamentar, sino más bien, ciertas actitudes nihilistas de la sociedad de hoy.


En Europa, el coronavirus se ha cobrado la vida de miles de personas longevas y lo más execrable se lo llevan las residencias de ancianos, donde el virus además de esparcirse a sus anchas, se ha cebado con aquellas y aquellos que manifiestan dolencias preliminares con un sistema inmunológico delicado. 


España, en este asunto no es una excepción, porque el coronavirus es el epicentro del seísmo que deja historias anónimas de personas con demencias avanzadas, grandes dependientes y enfermos terminales que quedan absolutamente arrinconadas de todo tratamiento y a merced de morir en estos centros, donde el recuento de decesos es dificultoso determinar con exactitud, por la ausencia de test de diagnóstico rápido de detección de anticuerpos. 


En esta encrucijada, pocos epidemiólogos y forenses del mundo se pronuncian con contundencia a la hora de inclinarse por la cifra auténtica de fallecidos. España, no pasa desapercibida como tal, sobre todo, por la dimensión que infravaloran las autoridades cuando el Ministerio de Sanidad ofrece cada día el balance actualizado.


En esta sintonía, el Documento de Trabajo elaborado por cuatro autores y divulgado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, abreviado, FEDEA, sucinto en 34 páginas y titulado “Encajando el puzle: Una estimación rápida del número de infectados por COVID-19 en España a partir de fuentes indirectas”, muestra que hasta el 26/IV/2020, la suma acumulativa de muertos se elevaba casi a los 35.000, un 46,2% superior a los guarismos oficiales. Del mismo modo, considera que la transmisión habría repercutido en 140.341 menores de 10 años, 3,21%; conjuntamente, por grupos de edad, la infección se encontraría muy por encima del 2,6% de la población. 


Tómense como ejemplos, respectivamente: las personas ancianas entre los 80 y 89 años con 228.538 contagios, un 9,9% y los mayores de 90 años, 105.869 con un 19,20% del total. 

O lo que es igual, la epidemia habría influido a 1,23 millones de españoles y el valor registrado en la tasa de mortandad estaría en el 3,1%, aunque crece al 7,8% entre los mayores de 80 años. Luego, tres de cada cien españoles han enfermado y de los cuales, los contagiados mayores de 80 años, ocho de cada cien han perecido. 


Ciñéndome en el colectivo de personas mayores, según el Informe distribuido por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas, ECDC, contempla que una cantidad elevada de estos centros se han visto desbordados y las defunciones representan más de la mitad de los casos constatados en territorios como Bélgica o Noruega. Sin obviarse, que existen claras contradicciones en la medición de las referencias del Viejo Continente, aún no se pueden rematar con precisión las primeras comparativas. 


Sin embargo, la fórmula más adecuada es el tratamiento de la sobremortalidad y a partir de aquí, analizar algunas de las variables como la dimensión de los centros; la franja de edad y síntomas de la enfermedad de los fallecidos; plantilla de trabajadores; medidas asumidas y, por último, la investigación de los posibles indicadores que han predispuesto los hechos desencadenados.


Unos estudios verificados en Estados Unidos y Bélgica permiten determinar que en centros con incidencias de positivos por coronavirus, se hace constar un importante número de asintomáticos. Se trataría de un grupo mayor de 80 años comprometido a desarrollar cuadros graves, que habitualmente conviven, comparten espacios, efectúan las comidas en común y tienen un contacto estrecho con cuidadores que se intercalan entre todos los residentes.


Partiendo de la base lo que supone la realización de las pruebas, tanto a quienes presentan las sintomatologías, como en el caso contrario, indiscutiblemente, se pretende reducir la propagación del virus.


Adelantándome a lo que fundamentaré, en España, los test rápidos tan imprescindibles para aumentar la capacidad del diagnóstico microbiológico del COVID-19, como se denomina la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y ser más eficaces en la lucha contra la expansión, no se pusieron en funcionamiento en estos centros hasta bien tarde. Como, de igual forma, hasta la fecha, no se han proporcionado los índices en la mortandad por franjas de edad.


Resulta interesante apuntar que las incidencias han ido mutando a lo largo del tiempo recorrido, lo que de por sí es frecuente en los brotes emergentes: en datos oficiales de Italia, con casi 14.000 casos examinados, revelan una mortalidad del 9,6% en los septuagenarios; el 16,6% en los octogenarios y un 19% entre los nonagenarios. Deducciones parecidas en su letalidad se han confirmado en China, con el 8% en los septuagenarios y de casi el 15% en los mayores de 80 años. 


En estos días ‘In memoriam de la Historia de España’, numerosas residencias colisionan contra un muro infranqueable: apaciguar escenarios extremos donde ancianos apresados por el virus, se rechazan en hospitales. 


La tesis fundamenta el protocolo perfilado por un grupo de geriatras asentado en la ética de la medicina de catástrofes. 


Ellos mismos, los geriatras, implementan la valoración de las llamadas telefónicas para resolver quién debería o no ingresar en los centros sanitarios, con un triaje de los pacientes, en atención al valor social o esperanza de vida en caso de colapsarse las Unidades de Cuidados Intensivos, abreviado, UCI.


En otras palabras, se ajustan a cuatro criterios sustentados en los años de vida útil que le esperan a esa persona mayor, o en el momento circunstancial de las urgencias hospitalarias. Desechándose cualquier tratamiento a quienes reúnan demencias avanzadas o los grandes dependientes, enfermos terminales y enfermos de cáncer terminal. Amén, que el texto se basa en lógicas comparables con la guía ética hecha por los médicos intensivistas para designar la preferencia en el ingreso a la UCI.


Es preciso dejar claro, que desde los primeros coletazos de la crisis, un sinnúmero de residencias demandaron la premura inexcusable de contar con los Equipos de Protección Individual, abreviado, EPI, tanto para la dotación que interviene con el colectivo de la tercera edad, como los que habían sido infectados.


Entre las diversas medidas que prescribe el protocolo se hallan la cuarentena de los que den positivo, así como la puesta de zonas comunes y salas de estar, impidiendo bajo ningún concepto los desayunos, almuerzos y cenas en salas colectivas. Igualmente, la dotación de una mascarilla quirúrgica a cada uno de los usuarios, con la difusión escrupulosa de los conocimientos acerca de las pautas a seguir en la prevención contra el virus, prevaleciendo el nivel cognitivo y la capacidad de colaboración de cada individuo. 


Sin inmiscuirse, el lavado e higiene aplicado del moblaje y herramientas de contacto con los presentes, acotándose los traslados y desplazamientos entre las áreas y locales del propio centro, al objeto de impedir la transmisión vírica. 


Con lo cual, en medio de la polémica que se ha levantado y tras darse por iniciado los test generalizados, en los que se apuesta por los test serológicos o PCR, más completos para fallar de una manera más contundente si alguien está o no contagiado, los óbitos ascienden y descienden, las cantidades bailan y la rendición de cuentas formuladas, tarde o temprano habrán de mostrarse tal y como son, porque hasta ahora no ha sido posible saber con rigurosidad las víctimas mortales que el coronavirus ha dejado tras de sí, en las poco más o menos 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas.


Las reseñas dadas por las Comunidades Autónomas que están en poder del Gobierno Central, de los usuarios de este tipo de centros que han muerto por el COVIC-19 o con indicios relacionados desde el preludio de la epidemia, con mayor incidencia en decesos en la Comunidad de Madrid, Cataluña y las dos Castillas, se cuantifican en 16.746 personas, cifra que irremisiblemente variará conforme transcurran los días a la hora de la lectura de este pasaje. 


La cuantía anterior corresponde al 67% de lo comunicado por la Sanidad Mortuoria y no por el Ministerio de Sanidad.


Hay que indicar, valga la redundancia, que Sanidad asignó miles de test rápidos a las entidades territoriales Administrativas y Ciudades Autónomas, para los recintos más sensibles: residencias y centros sociosanitarios. 

Pero, aún irresuelta la casuística de las defunciones, únicamente se reconocen como bajas por el coronavirus, a quienes han sucumbido después de haber dado positivo. Es decir, las pruebas que no se hacen post mortem, por lo que no se contabilizarían las personas que finalmente no se han hecho la prueba.


A esto ha de superponerse que cada Comunidad Autónoma maneja los datos indistintamente y no siempre son exactos, un componente singular que recientemente el Ministerio de Sanidad ha querido sustituir, reclamando a las Administraciones pertinentes, una pormenorización más minuciosa en el conjunto de muertes y contagios por coronavirus en las residencias.


En esta tesitura, la Fiscalía General del Estado, mediante el Fiscal Delegado para la ‘Protección y defensa de los derechos de las personas mayores y de la red de Fiscalías Provinciales’, hoy por hoy, tiene abiertas 121 diligencias civiles y 86 penales, en consonancia con la salvaguardia de los derechos individuales y universales, que, innegablemente, se encuentran en situación de vulnerabilidad para que se investigue la proliferación de contagios y una supuesta mala praxis o hechos, en los que se alerte de comportamientos punibles.

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En el caso de las primeras, en lo que atañe a la esfera civil, la inmensa mayoría se centralizan en Cataluña, con 50 y Castilla y León, 15. Aspirando a desenmascarar el estupor y la aprensión de los que se hospedan y solventar los inconvenientes puntuales que, por mucho que se soslayen, acuciantemente continúan persistiendo. 

En cambio, los procedimientos penales se han determinado como emanación de las denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los centros, en su mayor parte pertenecientes a la capital del Reino.


En el resto de las regiones españolas, se han incoado respectivamente: en Madrid, cuatro civiles; en Castilla-La Mancha, ocho civiles y cinco penales; en Aragón, tres civiles y una penal; en Galicia, once civiles y cinco penales; en Cantabria, tres civiles y una penal; en Andalucía, diez civiles; en Extremadura, siete civiles y cinco penales; en la Comunidad Valenciana, nueve civiles; en La Rioja, una civil y otra penal; indistintamente, en Murcia, Navarra y el País Vasco, una civil; y, por último, en las Islas Canarias, dos civiles y una penal.


Sobraría aludir, que las pesquisas se han encaminado a las Fiscalías de cada comarca, como, asimismo, las decisiones derivadas a raíz de la revelación ofrecida por la Ministra de Defensa, previniendo que en labores de desinfección llevadas a cabo por el Ejército en el marco de la ‘Operación Balmis’, en algunos de estos centros residenciales de mayores, los militares se toparon con ancianos fallecidos y conviviendo con otros residentes.


En concreto, más allá de confirmar si se trataba de más de un episodio, se mantuvo la reserva y ponderación en la aclaración de los detalles y en manos de quién debería reincidir la responsabilidad. Así, el 23 de marzo, los Soldados de la Unidad Militar de Emergencia, por sus siglas, UME, localizaron los cuerpos de dos ancianos en sus lechos sin recoger; posteriormente, el día 29 del mismo mes, hallaron otros once cadáveres en idénticas coyunturas. 


Lo que sí es manifiesto, que ante los hallazgos dantescos y el contexto del Estado de Alarma, los integrantes de las Fuerzas Armadas levantaron acta en estas residencias en calidad de Agentes de la Autoridad, para seguidamente remitirlas a la Fiscalía General del Estado. 


No obstante, no es descartable que los restos descubiertos en tales circunstancias, infringieran alguna desidia, sino que siguiesen en las camas por la activación del protocolo especial para el COVID-19, con el que deben transcurrir varias horas entre el deceso y el subsiguiente traslado: los fallecidos se reubican en una habitación refrigerada, nevera o túmulo, donde permanecen hasta la llegada de los servicios funerarios. Toda vez, que en ciudades desbordadas por los extintos, ese plazo puede verse alterado a las 24 horas.


Ante la más mínima sospecha de contagio, el protocolo impone que no se tenga contacto con el finado hasta la llegada del facultativo y el personal de la funeraria, provistos con bolsas y equipos de protección.


En definitiva, libramos una batalla asimétrica que no concluye dentro de una guerra no declarada sin día, tarde o noche. La amenaza no descansa ni concede relajación en las residencias de ancianos, convirtiéndose en uno de los puntos más castigados por la eventualidad sanitaria que ha avivado la epidemia opaca del coronavirus. 


Cuando el virus penetra en las entrañas de estos lugares, irremediablemente, arremete contra los más deleznables, como desafortunadamente está sucediendo: ¡Como lobos insaciables!, el virus apresa a los más entrado en años de la manada humana.


Los numerosos casos observados en nuestro país no son la punta de lanza, porque la ola de tránsitos en las residencias sofoca cruelmente a Italia, como uno de los más vapuleados; pero, también, Francia, donde se amplifican episodios diezmados por el coronavirus, en una Europa emplazada en el centro de la pandemia que aglutina a una urbe envejecida, presta a reclamar el amparo en instantes tan adversos. 


A tenor de lo descrito en estas líneas, tras cuarenta y ocho días de cuarentena, el confinamiento se alivia por tramos de edad y horarios para la población, saliendo a las calles. Una calma aparente que no está exenta de incertidumbres, reinterpretaciones y objeciones; en los que a pesar de todo, se siguen conociendo decenas de residentes contagiados y muertos, sin un conteo minucioso del Ejecutivo Central de los que se nos han marchado por culpa de este patógeno.


Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 04/V/2020




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