martes, 12 de diciembre de 2017, 07:38
Elmonarquico2015
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El pulso a la España constitucional

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Miguel Adrover

A pesar de que uno lleva muchos años en el oficio de intentar vivir con la consciencia tranquila de que no interfieres en las vidas de los demás, y siendo consecuente con la máxima de que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y de que los puentes unen diferentes orillas de un mismo río, la capacidad humana de llegar a extremos donde la sinrazón es una constante, sigue sorprendiéndome día a día.


A pesar de que me había propuesto no escribir sobre el proceso rupturista con el estado español, iniciado hace años por un sector de la clase política catalana, los hechos que estamos viviendo y los que al parecer todavía nos quedan por vivir, hace que haya reconsiderado mi postura.


No, no crean que este va a ser un artículo de calado político en el que se demonizará a los catalanes y se entronizará al Gobierno de la nación. Todos somos conscientes de que, durante los últimos años, nuestra democracia se ha debilitado con los constantes casos de corrupción que han ido saliendo a la luz.


Los que debían vigilar que el dinero de todos los españoles sirviera para hacer la vida más fácil a todos los españoles, especialmente a los más necesitados, en demasiadas ocasiones han colocado al zorro para guardar las gallinas, y así nos ha ido. Pero no crean que únicamente ha ocurrido en el Gobierno central, no queramos ver solo la paja en el ojo ajeno, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía, el Govern Balear, o la Comunitat Valenciana, por poner algunos ejemplos, también tienen un viga en el ojo propio. Y en todos los partidos políticos se cuecen, o se han cocido habas.


Pero también tenemos que aceptar que, aunque sea lentamente, el Poder Judicial español, va actuando, va juzgando. A día de hoy hay mucha gente que ocupó cargos importantes que están en prisión, aunque también es cierto que muchos otros siguen en la calle, pendientes de unos juicios que se alargan en el tiempo de manera inaceptable.


Y qué podemos hacer nosotros para controlar a los políticos, pues votar, votar siguiendo las pautas que marca nuestra carta magna, nuestra Constitución. Sí, aquella que algunos votaron como la mejor arma para la transición, que desde que se aprobó ha marcado la hoja de ruta de nuestra madurez democrática, y que se votó con una mayoría aplastante por parte de todos los españoles.


Una Constitución que hasta ahora ha sido una gran herramienta de cohesión y para la que quizá, empiece a ser el momento de valorar la posibilidad de revisar y hacer los cambios que se decidan con el consenso de la clase política elegida por el pueblo español.

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Pero mientras no se haya reformado, sigue diciendo en su artículo primero; España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y en su artículo segundo; La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.


Creo que estos dos artículos, mientras no sean cambiados en el seno del Congreso de los Diputados, el único órgano que puede redactar una nueva Carta Magna para nuestro país, describen con claridad diáfana como está compuesto el conjunto del estado español. Pero hay quien no quiere aceptar ahora dicha Constitución, ni las leyes que no le interesan, ni las resoluciones del Tribunal Constitucional que no le gustan, ni las reglas de juego que hasta ahora habían servido.

Es más, necesitan inventarse unas nuevas reglas, unas nuevas leyes, unos nuevos parámetros y unas nuevas maneras para que sus actos sean acatados, aunque sea violando constantemente todos y cada uno de los artículos de la Constitución que, recuerdo, sigue en vigor a lo largo y amplio de toda España.


Lo que me lleva inevitablemente a preguntarme si es legal, el hecho de que a pesar de la suspensión de la ley del referéndum y la consiguiente acción judicial contra el presidente de Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sigan empeñados en seguir adelante con el desarrollo de la logística del 1-O, y es más, pretendan implicar a los ayuntamientos que les son afines, en la organización de esa votación.


Sin embargo, parece ser, según las últimas noticias que tengo a la hora de escribir este artículo, y que no me extrañaría cambiasen en los próximos días, los consistorios más representativos de Cataluña, aquellos que concentran un mayor número de población, se han rebelado contra esta incesante presión independentista.


Lo que es cierto es que estamos llegando a un punto de tensión que cada día es más insostenible. Y una de las maneras para generar tensión sin dar más explicaciones son el uso de las redes sociales, donde se generan una gran cantidad de comentarios y noticias con una influencia notable a favor de la causa independentista, manejadas hábilmente por los partidarios de lograr, a cualquier precio y a de cualquier coste, la ruptura con España. Hay incluso websites, donde se invita a los usuarios a señalar qué municipios no comulgan con la causa secesionista. Democracia pura y dura.


Los hechos, con esta escalada de tensión, que por primera vez empieza a notarse a pie de calle, han llegado tan lejos que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su primer discurso de apertura del curso judicial desde que está en el cargo, criticó que el secesionismo haya optado por “las vías de hechos consumados” para sacar adelante sus planes, “lo que implica un grave quebranto del orden constitucional”. Siguió el fiscal Maza aseverando que, “enfrente, siempre se situará la Fiscalía, actuando en defensa de nuestro Estado democrático y de derecho. El Ministerio Público está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional”.


Las palabras de Maza fueron escuchadas en directo por gran parte de la cúpula judicial, incluido Juan José González Rivas, el presidente del Tribunal Constitucional, el órgano judicial que hasta ahora ha dejado en papel mojado cada paso de la hoja de ruta del gobierno catalán en su afán secesionista, al suspender o anular sus normativas, y que a buen seguro volverá a ser decisivo este mes de septiembre. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también estuvo presente en el acto, al cual también asistieron numerosos magistrados.


Y volviendo al contenido de este artículo, que recuerdo es de opinión, y que también sé que no convencerá a ningún partidario de la ruptura con España, creo con firme convicción, que ha llegado el momento de reconsiderar posturas, dar un paso atrás y reconvertir algo, que lo único que provocará será una fragmentación social con imprevisibles consecuencias, para empezar a trabajar desde dentro de la ley.


El Congreso de los Diputados, en cuyo arco parlamentario están también los diputados catalanes, y seguramente hay otros partidos afines a su idea o proyecto, es el lugar idóneo para empezar a tomar decisiones, buscar apoyos, establecer estrategias, y lograr consensos. Este es hoy en día el único órgano de gobierno legal y capacitado para reformar la Constitución, establecer garantías, cambiar si es necesario artículos, ofrecer mejoras de financiación, o regular la posibilidad de que pueda celebrarse un referéndum.


Por esta razón, si se quiere actuar con plenas garantías, si se quiere actuar desde dentro de la ley, si se quiere ser tan democrático como algunos argumentan, este es el único hemiciclo donde se debería debatir sobre la posibilidad de cambiar la fisonomía de España. Cualquier otra manera, y sobre todo si se actúa desde la arrogancia de las decisiones unilaterales y sin las garantías democráticas que hasta el momento se están percibiendo durante los últimos días en Cataluña, cualquier movimiento secesionista será y es una clara vulneración del estado de derecho que nos asiste a todos los españoles, según la Constitución vigente.



Miguel Adrover Caldentey

Director de El Monárquico





























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